DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS (2022)

En el presente estudio transcribo parte de una defensa penal donde se imputaba a mi defendido el delito de abuso de autoridad contra los detenidos (artículo 286 del Código Penal) cuando los hechos probados configuraban un delito de lesiones especialmente agravado, en la hipótesis de los artículos 316 y 320bis del Código Penal.

En el caso se descarta la continuidad y se analiza la posición del jerarca del servicio a quien se imputaron los hechos por OMISIÓN IMPROPIA, lo que viola groseramente el principio de legalidad.

EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS.
El delito de abuso de autoridad contra los detenidos, descripto por el artículo 286 del CÓDIGO PENAL se aplica al funcionario público encargado de la custodia o el traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos.

Este delito, al igual que el de “abuso innominado de funciones” (artículo 162 del Código Penal) castigan el ejercicio arbitrario o abusivo de la autoridad del funcionario publico respecto de los particulares o, en este caso especial del arrestado o condenado de cuya custodia están encargado.

(Video) 🔴🔵Trujillo: Juez detenido por no presentar su DNI denuncia abuso de autoridad

Estos delitos embudo o “cajón de sastre” castigan “abusos” o “arbitrariedades” que no están expresamente previstas como delitos autónomos.

Señala CAIROLI que “Se trata de una figura subsidiaria, embudo o cajón de sastre, donde van a parar todas las conductas cometidas por funcionarios públicos con abuso del cargo cuando éste no tiene un fin de lucro u otro específico. Podría decirse que es el abuso por el abuso mismo, siempre que no está tipificado en otra parte del CÓDIGO PENAL.”

“Si la conducta típica del abuso de funciones, fue cometida con el objeto de perpetrar otros ilícitos la subsidiariedad del delito de abuso de funciones, hace que se susbsuma dentro de la figura tipo principal, desapareciendo el delito del artículo 162. Por ejemplo un funcionario policial esgrime su arma de reglamento y uniformado, exige a particulares la entrega de dinero, se trata de rapiña y basta, a lo sumo deberá agravarse por su condición de funcionario público en mérito de la norma prevista en el numera 8 del art. 49 del CÓDIGO PENAL y por supuesto por el empleo de armas apropiadas (art. 341 nral. 2 del mismo código). (Código Penal anotado y comentado por MILTON CAIROLI MARTINEZ. Pág. 108).”

En igual sentido se expresó el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, señalando que “ la hipótesis residual del abuso de funciones solo tiene lugar cuando la in conducta administrativa del funcionario no plasma otra figura concreta y específica como en el caso de autos. Así resulta del texto terminante del artículo 162 CP, que incrimina a la comisión de un acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare especialmente prevista en las disposiciones del código.” (REVISTA DE DERECHO PENAL. Nº 10, Caso 8, Pág. 69).

(Video) Derecho Penal. Abuso de autoridad.

CAIROLI, en su CURSO DE DERECHO PENAL (Tomo IV, Pág. 222 y ss ), refiriéndose al reato del artículo 162, dice que se trata de una disposición general y complementaria que trata de evitar o mejor dicho de rellenar, lagunas del código.

Por esa razón es subsidiaria de las otras que no tipifiquen esas conductas.

Siguiendo con su razonamiento establece dos principios:

A. Si hay otra norma que comprende y castiga el caso de un funcionario público que actúa con abuso de su cargo, prevalecerá sobre la del art. 162. Es lo que ocurre con los delitos de peculado, la concusión, el cohecho, el fraude y la conjunción del interés privado y público.

(Video) ⚖ 137. Delito de Abuso contra Particulares.

B. Igualmente, si la condición de funcionario público actuando con abuso de su cargo no fue prevista como elemento constitutivo de otra figura expresamente, pero si igual la conducta encaja dentro de ella, esta prevalecerá sobre la del 162 porque el abuso es subsidiario. El artículo 162 se imputa cuando no se puede aplicar otra norma del código y no solo las del Título IV (Delitos contra la Administración Pública) sino de todo ese cuerpo de leyes.

Seguidamente emplea un ejemplo que se adecua a la hipótesis de autos:
“Por ejemplo: un Regente del Consejo del Niño castiga a un menor recluido y le ocasiona graves lesiones. Deberá responder penalmente por el delito de lesiones porque no tiene nada que ver que sea funcionario y que haya abusado de su poder, ya que el art. 162 dice cualquier acto arbitrario que no se hallare comprendido especialmente en éste código y no se refiere para nada a la calidad de funcionario a al abuso.”

EL DELITO DE LESIONES Y SUS AGRAVANTES ESPECIALES.

La conducta de los procesados se adecua al tipo de las lesiones, artículo 316 del Código Penal, especialmente agravadas por lo dispuesto en el artículo 320 bis por ser sus autores funcionarios encargados de una cárcel, de la custodia o traslado de un detenido.

(Video) AAM - Barreras al límite (PROMO E14)

No debe aplicarse el artículo 286 ya que las lesiones no son un “acto arbitrario” ni un “rigor no permitido por los reglamentos”, sino un delito autónomo con un agravante especial.

CAIROLI, al estudiar el delito de lesiones y en especial la agravante del artículo 320 bis dice: “Cuando se dé la situación prevista por ésta nueva alteratoria especial , se tomará como base la pena de la lesión de que se trate y podrá agravarse en un tercio, siempre claro está, dentro de los límites previstos por la respectiva figura delictiva. Pero, ¿no podrá imputársele al funcionario que está encargado de la custodia de un preso también el delito previsto en el artículo 286? Pienso que no, pues no puede un mismo hecho jugar dos veces, una como agravante y la otra como elemento constitutivo de un delito.” La lógica del razonamiento y su clara expresión nos eximen de mayor desarrollo. (CAIROLI, MILTON. CURSO DE DERECHO PENAL URUGUAYO. Tomo III, Pág. 96.)

EL DELITO CONTINUADO.

Tampoco comparto que se trate de delito continuado porque, tal continuidad no existió. Los hechos tuvieron una unidad lógica y argumental y se desarrollaron en un breve periodo de tiempo en el que ocurrieron diversos actos materiales cometidos por varios funcionarios contra varios procesados.
La continuidad consiste en la existencia de varias violaciones a la misma norma entendidas como acciones ejecutivas de una misma resolución criminal, lo que entendemos no se compadece con las resultancias de autos.

(Video) El delito de Abuso de Autoridad.

EL DELITO IMPROPIO DE OMISIÓN
Por último, analizaremos los hechos imputados a mi defendido, quien era el superior jerárquico de los funcionarios actuantes.
El mismo no cometió acto material alguno por lo que no puede ser imputado de ningún delito.
Incriminarlo por no tomar medidas para que se empleara violencia, es decir, por no impedir un resultado que otros provocaron, implica entrar en el difícil campo de los DELITOS IMPROPIOS DE OMISIÓN que es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico.
Se adjudica a XX una calidad de “garante” de una situación de no violencia, y como la violencia se produjo, se le imputa el delito en carácter de coautor, lo que entiendo no corresponde por carecer de fundamento legal y fáctico.
Si siguiéramos este razonamiento deberíamos imputar delitos a, por ejemplo: un bombero de guardia en un cine o teatro si durante su turno se produce un incendio; a la maestra de preescolares que lleva a los niños de paseo al zoológico y uno de ellos es lesionado, o al sargento de un batallón cuando uno de sus soldados toma un arma y mata a otro.
La doctrina respecto de los delitos impropios de omisión es abundante por lo que nos referiremos solamente a la obra de EDUARDO NOVOA MOREL, “Fundamentos de los delitos de omisión” (Editorial Depalma, BUENOS AIRES 1984, Pág. 215), donde aparece un análisis comparativo entre los delitos de acción, los de omisión y los de omisión impropia.

DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS (1)

Como vemos, en el delito que se pretende imputar a mi defendido no se compadece con el principio de legalidad ya que no existe tipo que describa, y además ninguna ley le adjudica la posición de garante ni le obliga a impedir resultados injustos.
Si se le considera garante y obligado a impedir resultados injustos debería estar permanentemente procesado ya que también sería responsable cuando un preso viola a otro, arremete a un policía o se intenta suicidar, lo que no se compadece con la ley penal, con la lógica ni con la realidad.
Carlos Bustamante.

FAQs

¿Cuál es la pena por abuso de autoridad en Guatemala? ›

"Articulo 419.

Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial."

¿Qué abuso de poder? ›

Qué es Abuso de poder:

Abuso de poder es aprovecharse de la autoridad que se tiene para extorsionar a otra persona o entidad con el fin de cumplir sus propios intereses. El abuso es un acto de violación de confianza y el poder es generalmente asociado a la autoridad, a pesar de que no es exclusivo.

¿Por qué se da el abuso de poder? ›

Algunas consecuencias: frustración, humillación baja autoestima, depresión, descrédito, dolor, sufrimientos, encarcelamientos, desapariciones, aislamientos, secuestros, asesinato, entre otras.

¿Qué es el abuso de poder según autores? ›

Según los resultados obtenidos, un abuso de poder supone que el autor en el mar- co de una clase social alta dispone de un poder potencial que le permite ejercer de manera especial, no disponible para cualquiera, una influencia en contra de los deseos ajenos.

¿Cómo se llama el delito de abuso de autoridad? ›

Artículo 301. - Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que incurra en alguna de las conductas siguientes: I. Impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto.

¿Cómo se configura el delito de abuso de autoridad? ›

Por lo tanto, del tipo penal se evidencia que el delito de abuso de autoridad genérico se configura cuando un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones, abusando de sus atribuciones propias de su cargo, cornete u ordena un acto arbitrario en perjuicio de un tercero.

¿Cuáles son los tipos de abuso de autoridad? ›

El uso indebido de la fuerza pública. Negar o entorpecer protección o servicios a particulares. No dar atención a las solicitudes de aplicación de justicia (cuando sea su obligación). La negativa a dar el apoyo de la fuerza pública cuando haya solicitud de una autoridad.

¿Cuántos años es por abuso de autoridad? ›

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

¿Qué dice el artículo 157 del Código Penal de Guatemala? ›

Artículo 157 del Código Penal:

Artículo 157: Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

¿Qué dice el artículo 296 del Código Penal? ›

El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa.” "Artículo 296.

¿Qué dice el artículo 51 del Código Penal? ›

ARTICULO 51. - Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria.

En el presente estudio transcribo parte de una defensa penal donde se imputaba a mi defendido el delito de abuso de autoridad contra los detenidos (artículo 286 del Código Penal) cuando los hechos probados configuraban un delito de lesiones especialmente agravado, en la hipótesis de los artículos 31...

En el presente estudio transcribo parte de una defensa penal donde se imputaba a mi defendido el delito de abuso de autoridad contra los detenidos (artículo 286 del Código Penal) cuando los hechos probados configuraban un delito de lesiones especialmente agravado, en la hipótesis de los artículos 316 y 320bis del Código Penal.. EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS.El delito de abuso de autoridad contra los detenidos, descripto por el artículo 286 del CÓDIGO PENAL se aplica al funcionario público encargado de la custodia o el traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos.. Este delito, al igual que el de “abuso innominado de funciones” (artículo 162 del Código Penal) castigan el ejercicio arbitrario o abusivo de la autoridad del funcionario publico respecto de los particulares o, en este caso especial del arrestado o condenado de cuya custodia están encargado.. “Si la conducta típica del abuso de funciones, fue cometida con el objeto de perpetrar otros ilícitos la subsidiariedad del delito de abuso de funciones, hace que se susbsuma dentro de la figura tipo principal, desapareciendo el delito del artículo 162.. Por ejemplo un funcionario policial esgrime su arma de reglamento y uniformado, exige a particulares la entrega de dinero, se trata de rapiña y basta, a lo sumo deberá agravarse por su condición de funcionario público en mérito de la norma prevista en el numera 8 del art.. En igual sentido se expresó el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, señalando que “ la hipótesis residual del abuso de funciones solo tiene lugar cuando la in conducta administrativa del funcionario no plasma otra figura concreta y específica como en el caso de autos.. Así resulta del texto terminante del artículo 162 CP, que incrimina a la comisión de un acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare especialmente prevista en las disposiciones del código.” (REVISTA DE DERECHO PENAL.. B. Igualmente, si la condición de funcionario público actuando con abuso de su cargo no fue prevista como elemento constitutivo de otra figura expresamente, pero si igual la conducta encaja dentro de ella, esta prevalecerá sobre la del 162 porque el abuso es subsidiario.. La conducta de los procesados se adecua al tipo de las lesiones, artículo 316 del Código Penal, especialmente agravadas por lo dispuesto en el artículo 320 bis por ser sus autores funcionarios encargados de una cárcel, de la custodia o traslado de un detenido.. CAIROLI, al estudiar el delito de lesiones y en especial la agravante del artículo 320 bis dice: “Cuando se dé la situación prevista por ésta nueva alteratoria especial , se tomará como base la pena de la lesión de que se trate y podrá agravarse en un tercio, siempre claro está, dentro de los límites previstos por la respectiva figura delictiva.. La continuidad consiste en la existencia de varias violaciones a la misma norma entendidas como acciones ejecutivas de una misma resolución criminal, lo que entendemos no se compadece con las resultancias de autos.. Se adjudica a XX una calidad de “garante” de una situación de no violencia, y como la violencia se produjo, se le imputa el delito en carácter de coautor, lo que entiendo no corresponde por carecer de fundamento legal y fáctico.. Si siguiéramos este razonamiento deberíamos imputar delitos a, por ejemplo: un bombero de guardia en un cine o teatro si durante su turno se produce un incendio; a la maestra de preescolares que lleva a los niños de paseo al zoológico y uno de ellos es lesionado, o al sargento de un batallón cuando uno de sus soldados toma un arma y mata a otro.. La doctrina respecto de los delitos impropios de omisión es abundante por lo que nos referiremos solamente a la obra de EDUARDO NOVOA MOREL, “Fundamentos de los delitos de omisión” (Editorial Depalma, BUENOS AIRES 1984, Pág.

En el presente estudio transcribo parte de una defensa penal donde se imputaba a mi defendido el delito de abuso de autoridad contra los detenidos (artículo 286 del Código Penal) cuando los hechos probados configuraban un delito de lesiones especialmente agravado, en la hipótesis de los artículos 31...

En el presente estudio transcribo parte de una defensa penal donde se imputaba a mi defendido el delito de abuso de autoridad contra los detenidos (artículo 286 del Código Penal) cuando los hechos probados configuraban un delito de lesiones especialmente agravado, en la hipótesis de los artículos 316 y 320bis del Código Penal.. EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS.El delito de abuso de autoridad contra los detenidos, descripto por el artículo 286 del CÓDIGO PENAL se aplica al funcionario público encargado de la custodia o el traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos.. Este delito, al igual que el de “abuso innominado de funciones” (artículo 162 del Código Penal) castigan el ejercicio arbitrario o abusivo de la autoridad del funcionario publico respecto de los particulares o, en este caso especial del arrestado o condenado de cuya custodia están encargado.. “Si la conducta típica del abuso de funciones, fue cometida con el objeto de perpetrar otros ilícitos la subsidiariedad del delito de abuso de funciones, hace que se susbsuma dentro de la figura tipo principal, desapareciendo el delito del artículo 162.. Por ejemplo un funcionario policial esgrime su arma de reglamento y uniformado, exige a particulares la entrega de dinero, se trata de rapiña y basta, a lo sumo deberá agravarse por su condición de funcionario público en mérito de la norma prevista en el numera 8 del art.. La conducta de los procesados se adecua al tipo de las lesiones, artículo 316 del Código Penal, especialmente agravadas por lo dispuesto en el artículo 320 bis por ser sus autores funcionarios encargados de una cárcel, de la custodia o traslado de un detenido.. CAIROLI, al estudiar el delito de lesiones y en especial la agravante del artículo 320 bis dice: “Cuando se dé la situación prevista por ésta nueva alteratoria especial , se tomará como base la pena de la lesión de que se trate y podrá agravarse en un tercio, siempre claro está, dentro de los límites previstos por la respectiva figura delictiva.. Si siguiéramos este razonamiento deberíamos imputar delitos a, por ejemplo: un bombero de guardia en un cine o teatro si durante su turno se produce un incendio; a la maestra de preescolares que lleva a los niños de paseo al zoológico y uno de ellos es lesionado, o al sargento de un batallón cuando uno de sus soldados toma un arma y mata a otro.

Mediante el expediente 00875-2018-31. Explican la tipificación del delito de abuso de autoridad, en un caso contra un oficial de la PNP.

b) SUJETOS DEL DELITO: Al tratarse de un deEto especial, el sujeto activo es el funcionario público que ejercita abusivamente sus atribuciones, esto quiere decir, que debe encontrarse en ejercicio de sus funciones o ejecución de tareas propias de su cargo.. En cuanto al verbo ordenar (mandar a hacer algo), se deberá verificar una relación de causalidad entre el i) el funcionario público que ordenó; ii) la atribución en la que se extralimitó y iii) el acto abusivo perjudicial.. Es materia de pronunciamiento el recurso de apelación interpuesto por el agraviado Elhyn Ciro Carranza De La Rosa, contra la Sentencia, contenida en la resolución número ocho, de fecha cinco de abril del dos mil veintiuno, emitida por el Juez del Segundo Juzgado Unipersonal de Pasco, en que FALLA: ABSOLVER a WILLIAM VLADIMIR REYES PUCCIO, cuyas generales de ley obran en el exordio del presente, como AUTOR del delito contra la Administración Pública en las figuras jurídicas, L- Abuso de Autoridad, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 376° del Código Penal , en agravio del Estado – Policía Nacional del Perú y Elhyn Ciro Carranza De La Rosa y 2.- Omisión de Actos Funcionales, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 377° del Código Penal , en agravio del Estado – Policía Nacional del Perú.. Hecho abusivo ocurrido pese haberse identificado como abogado y que habría asistido; profesionalmente a entrevistarse con las personas detenidas para ejercer el derecho de defensa a petición de un dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas, personas detenidas como lo admite el acusado en su declaración de fojas 59 y 63, configurado el abuso de atribuciones y el acto arbitrario con la orden emitida en su condición de Comisario, en lugar de brindarle la atención al profesional abogado u ordenado se le atienda y además informarle el motivo de la detención de los ciudadanos con quiénes se iba a entrevistar para que comienga el derecho de la defensa en cumplimiento de sus funciones policiales conforme la Constitución, Código Procesal Penal y el MOF de la Policía Nacional del Perú; sin embargo, se le privó y se le impidió de comunicarse con sus patrocinados y asesorarlos jurídicamente y se le impidió de asistirle la defensa libre, incumpliendo ilegalmente sus deberes funcionales el acusado.. Estos hechos fueron calificados por el Fiscal Provincial, como delito contra la Administración Pública en las figuras jurídicas: – Abuso de Autoridad [1] , previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 376° del Código Penal , en agravio del Estado – Policía Nacional del Perú y Elhyn Ciro Carranza De La Rosa y 2.- Omisión de Actos Funcionales [2] , previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 377° del Código Penal , en agravio del Estado – Policía Nacional del Perú. Tras desarrollarse el Juicio Oral, el magistrado del Segundo Juzgado Unipersonal de Pasco, expidió la sentencia ahora recurrida, absolviendo al acusado WILLIAM VLADIMIR REYES PUCCIO, por la Comisión del delito contra la Administración Pública en las figuras jurídicas, 1.- Abuso de Autoridad y Omisión de Actos Funcionales.

De 33 mil 750 carpetas de investigación por delitos relacionados con brutalidad cometida por policías, militares y marinos, solo 172 concluyeron en condena.

Los elementos municipales fueron a quienes más imputaron por este delito con 143 incidencias, 87 contra agentes estatales, en 57 casos se señaló a integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), en ocho de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en dos a ministeriales (uno en Nuevo León y otro en Yucatán) y en 229 no se pudo conocer la institución para la que se desempeñaban.. En mil 619 expedientes, las personas imputadas formaban parte de la Sedena, 731 de la Semar, mil 889 de policías estatales, 357 de municipales, 618 de ministeriales, uno de la Guardia Nacional y en 241 casos no se pudo determinar la corporación a la que servían.. Los datos recabados en los últimos años por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que ha documentado violaciones a los derechos humanos en Jalisco, demuestran que en los casos de tortura y desaparición forzada el nivel de impunidad es de casi 100 por ciento; además los gobiernos que han llegado al poder en el estado niegan la existencia de estas violaciones a los derechos humanos, lo que limita sus acciones para contrarrestarlos.. La Fuerza Única de Jalisco, corporación a la que pertenecía Miguel Rentería cuando cometió el asesinato de Gabriel, desapareció al final del gobierno de Aristóteles Sandoval y con la llegada de Enrique Alfaro se promovió una reforma para que se dividieran las tareas de la institución entre la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad.. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad se ampararon para evitar pagar la indemnización de 12 millones de pesos que estableció el tribunal para la esposa y los hijos de Gabriel, en un proceso en el que las instituciones calificaron a la familia como “ terceros interesados ”, lo que no reconocería su calidad de víctimas y que contradice a la tesis XXVII de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , la cual señala que en los juicios de amparo quien fuera víctima u ofendido se le debe nombrar como tal.. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó negar el amparo promovido por las autoridades y mantuvo la orden para la reparación del daño, la cual aún no se ha pagado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a pesar de los apercibimientos promovidos por la defensa, siete años después de que ocurrió el homicidio.. El incumplimiento de esta obligación de investigar también configura el desacato de los puntos reparatorios dictados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDH) para el caso concreto, en los que subrayó la necesidad de “iniciar de manera inmediata y hasta su conclusión” los procedimientos internos de responsabilidad en contra de las autoridades correspondientes.. En el mismo sentido, a pesar de que la secretaría de seguridad pública estatal fue notificada sobre la apertura de investigaciones vía CEDH por posibles actos de tortura cometida por sus agentes, de acuerdo con información recabada vía transparencia, ésta no inició ningún expediente ni aplicó sanciones de carácter administrativo a través de su dirección de asuntos internos.. Para esta investigación se tramitaron 117 solicitudes de información vía Ley de Transparencia al Tribunal Superior de Justicia local, la Fiscalía General veracruzana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) y la Comisión Estatal de Búsqueda para conocer la incidencia de abusos policiales en la entidad.

Los delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad son distintos atendiendo a la actividad o pasividad del sujeto y la gravedad

El delito de resistencia a agentes de la autoridad viene en el artículo 556 del Código Penal:. “Serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones…”. Los elementos normativos a ponderar se refieren, por una parte, a la actividad o pasividad de la conducta del sujeto activo (“el acusado”) y, por otra, a la mayor o menor gravedad de la oposición física del mismo sujeto al mandato emanado de la autoridad o sus agentes en el ejercicio legítimo de sus funciones.. Si la resistencia aún siendo grave, se manifiesta de forma pasiva, es aplicable el delito de resistencia del artículo 556 Código Penal.. 1º.- La resistencia activa grave sigue constituyendo delito atentado del artículo 550 del Código Penal.. En la nueva redacción del precepto conforme a la reforma del Código Penal de Julio de 2015, se incluye como modalidad de atentado la resistencia grave, entendido como aquella que se realiza con intimidación grave o violencia.. 2º.- La resistencia activa no grave (o simple) y la resistencia pasiva grave siguen siendo subsumibles en el delito de resistencia del artículo 556 del Código Penal.. ” En el caso de autos la actuación del acusado, empujando violentamente al agente policial y tirarlo al suelo tras una zancadilla, excedió de la mera desobediencia o resistencia del art 556, constituyendo un delito de atentado previsto y penado en el artículo 550 Código Penal, por lo que se ha de confirmar la pena de prisión de un año y tres meses.”. ” No se produce quiebra del principio acusatorio por cuanto que la homogeneidad entre los delitos de atentado y de resistencia es evidente y la única diferencia radica en la mayor o menor entidad de la resistencia física o fuerza producida por el imputado para enfrentarse a los agentes de la autoridad, de mayor entidad en el caso del atentado y de menor intensidad, aunque también activa, en el supuesto de la resistencia.. Como eso es lo que ocurrió en el presente supuesto, en el que se acusó por el tipo más grave, delito de atentado, y como nosotros consideramos que la resistencia empleada por el acusado no era tan grave, es por lo que hemos de modular esa intensidad punitiva y así condenar por resistencia y no por atentado, por lo que la pena de prisión impuesta por el Juzgado de un año y seis meses pasa a ser de cinco meses de prisión.”. Delito de resistencia grave a los agentes de la autoridad. Delito de atentado y de lesiones. Requisitos del delito de atentado

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Mediante el presente escrito y por mi propio derecho, vengo a presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de los señores que aparentemente responden al nombre de __________________, y quienes resulten responsables, los que deberán ser localizados por conducto de la POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO, mediante oficio que se libre en tal sentido, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, COACCION Y AMENAZAS, ATAQUE PELIGROSO, DAÑOS, LESIONES PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD O SECUESTRO, en grado de tentativa y/o efectivamente consumados en perjuicio del suscrito de mi esposa, Sra.______________ , así como de nuestro menor hijo de__ meses de edad ______ .. Compra ahora el documento totalmente editable y completo por $20 MXN (una vez hecho el pago enviar un whatssap al 552669966, la notificación de Paypal tarda en llegar). 1.- El día de ayer y siendo aproximadamente ,. según recuerdo las______________ , transitaba el suscrito a bordo de un. automóvil marca__ modelo__ , color guinda por la avenida______ en una. trayectoria de oriente a poniente, con el objeto de dirigirme a mi domicilio. ubicado en la calle____________ de esta ciudad, en compañía de mi esposa ya. mencionada y de nuestro hijo también ya referido.. Regresábamos de un viaje a la población. de______ a donde nos habíamos trasladado el mismo día aproximadamente a las__. horas con el objeto de hacer diversas compras de ropa para la familia y. artículos para una piñata de nuestro hijo que está próximo a cumplir un año de. edad.. Al ir transitando como antes se dijo por la Av.______ y cuando habíamos. pasado aproximadamente media cuadra de la caseta o delegación de policía que se. encuentra en dicha avenida, cercana al fraccionamiento ______ , nos alcanzó. “emparejándose” con el automóvil que yo conducía una camioneta tipo____. , color____y con______ color____ con vidrios polarizados, y conduciendo el. suscrito con el cristal de la ventanilla del chofer abatido, escuché que me. gritaban los tripulantes de la____ “________ “, y acto seguido sentí. que un objeto lanzado desde el mencionado vehículo me golpeó en el pecho, en el. lado izquierdo , objeto que rebotó y cayó sobre el niño salpicándonos de un. líquido pegajoso y con olor a alcohol, por lo que instintivamente atrapé dicho. objeto y lo lancé fuera del auto ,pidiéndole a mi esposa imperiosamente que. atendiera al niño, y por precaución procedí a alejarme a bordo de mi vehículo. dando vuelta en una de las calles que desembocan en la________con rumbo hacia. la derecha, persiguiéndome la____ y sus tripulantes hasta que pude llegar a la. delegación de policía mencionada a solicitar auxilio.. Uno de ellos. manifestaba al oficial de guardia que él era comandante de la Policía Judicial. del Estado por lo que se le pidió que se identificara y el sujeto amenazaba ,. por lo que fue detenido y en compañía de otro sujeto logrando huir un tercero,. resultando que aparentemente los nombres de los dos sujetos detenidos. son______________________.. Como los hechos anteriores causaron grave daño. sicológico a mi hijo de tan corta edad, así como una grave sensación de. inseguridad en mi familia, pues desconocemos qué facultades tengan los sujetos. mencionados para inferir ese tipo de agresiones a los ciudadanos, tanto más. cuanto que soy una persona que vive de su trabajo y que carece de tiempo para. destinarlo a estos trámites, pero que por un deber ciudadano y para que estas,. cosas no se sigan repitiendo , pero ADEMAS POR EL TEMOR FUNDADO DE QUE LOS. MENCIONADO SUJETOS VAYAN A TOMAR REPRESALIAS es por lo que me veo precisado a. interponer esta denuncia.. Tengo conocimiento además de que a los. mencionados sujetos les fue practicado un examen médico por el personal de la. Comandancia de Policía y resultaron en completo estado de ebriedad lo que. quedará demostrado al recabar dicho certificado por parte de esa autoridad.. 1.- LA TESTIMONIAL a cargo de un grupo de 2. personas para acreditar todos los hechos de la denuncia, así como del personal. de guardia de la delegación de policía mencionada.. 2.- El informe que se solicite al C. Director de Seguridad Pública Municipal en relación con la detención de las personas mencionadas, así como el certificado médico que se desprenda del examen que les fue practicado a los sujetos mencionado.. Compra ahora el documento totalmente editable y completo por $20 MXN (una vez hecho el pago enviar un whatssap al 552669966, la notificación de Paypal tarda en llegar) Ver otras opciones de DESCARGA C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES. PREVIAS

Análisis detallado sobre el delito de abuso de autoridad cometido por un militar o por un Guardia Civil, su regulación y sus penas.

El delito de abuso de autoridad viene regulado en los artículos 45 a 48 del Código Penal Militar (Ley Orgánica 14/2015 de 14 de octubre).. Contacte con nosotros El Código Penal Militar prevé a lo largo de estos cuatro artículos diversas conductas típicas que se pueden concretar en las siguientes:. El superior que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho será castigado con la pena de tres meses y un día a tres años de prisión.. Estas tres conductas vienen a recoger aquellas órdenes o decisiones arbitrarias dadas por un superior a un subordinado, y que se materialicen en un perjuicio, la realización de un trabajo que no está justificado por el servicio y, por último, decisiones que perjudiquen los derechos del subordinado.. La tercera de las conductas, la denegación de un derecho requiere para la materialización de la conducta típica la necesidad del carácter arbitrario de la conducta, es decir, una resolución sin fundamento, caprichosa y que únicamente viene motivada por el ánimo de perjudicar al subordinado.. El superior que maltratare de obra a un subordinado será castigado con la pena de seis meses a cinco años de prisión, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.. El superior que tratare a un subordinado de manera degradante, inhumana o humillante, o realizare actos de agresión o abuso sexuales, será castigado con la pena de seis meses a cinco años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo, sin perjuicio de las que correspondan por los resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados contra la libertad o indemnidad sexuales efectivamente cometidos, conforme al Código Penal.. Conforme con el artículo 2 de Código Penal Militar, todo militar que posea en el momento del hecho dicha condición podrá ser responsable.. Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, el Código Penal Militar se aplicará a los miembros de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo cuando se trate de acciones u omisiones constitutivas de delito militar previstas en el Título II del Libro Segundo de este Código.. El artículo 46 por su parte, prevé la pena de seis meses a cinco años para el maltrato de obra.. Por su parte el artículo 47 establece penas de seis meses a cinco años , así como la pérdida del empleo y las responsabilidades que puedan corresponder conforme al código penal por los delitos que se prevén en dicho código.. Y de igual manera se prevén estas responsabilidades en el artículo 48 del código penal, pero la pena principal que se prevé es la de seis meses a cuatro años.. Y también en el artículo 7.8 como falta grave, las extralimitaciones en el mando cuando no irroguen un perjuicio grave.

MONTEVIDEO (Uypress) – El Tribunal de Apelaciones procesó sin prisión al médico militar Ramón Rodríguez de Armas, cuyo apodo en los centros de detención y tortura era “Óscar 5”. El dictamen se dio como “coautor de un delito continuado de abuso de autoridad con los detenidos” durante la dictadura.

El Tribunal de Apelaciones de Primer Turno procesó sin prisión al médico ginecólogo Ramón Rodríguez de Armas "como coautor de un delito continuado de abuso de autoridad con los detenidos" durante la dictadura, según se desprende de un extenso informe de Nicolás Delgado publicado en Montevideo Portal .. De esta manera, el Tribunal, integrado por los ministros Alberto Reyes, Graciela Gatti y Sergio Torres, revocó el fallo de la jueza Silvia Urioste, que, a pesar del pedido de Fiscalía, había resuelto en 2021 archivar la causa contra Rodríguez de Armas.. La sentencia del Tribunal, firmada el 11 de marzo de 2022, da la razón al fiscal, que planteó que "el imputado intervino como médico en el local de la SID (Servicio de Información de Defensa), sito en Bulevar Artigas y Palmar (donde hoy funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo) y el centro de detención clandestino conocido como '300 Carlos', donde los denunciantes se encontraban detenidos en forma clandestina y sometidos a torturas".. En base a esto, considera que el archivo de la investigación decretado por la jueza Urioste en 2021 "es producto de una valoración errónea de la prueba", según la sentencia a la que accedió Montevideo Portal.. Rodríguez de Armas fue reconocido por varias de las víctimas de las torturas como "Oscar 5", el alias con el que encubría su identidad, pero un error de los militares que custodiaban a los presos políticos llevó a que lo vieran, y lo denunciaran ante la Justicia décadas después.. Para el Tribunal, "el análisis de la prueba recabada hasta el presente -sin perjuicio de las ulterioridades del proceso-, arroja que existían elementos de convicción suficientes para disponer el enjuiciamiento, incluso de los propios términos de la decisión que lo desestimó, a juicio de la Sala, valorando erróneamente la prueba producida".. En la sentencia, redactada por el ministro Reyes, se plantea que "de la prueba colectada resulta que en el marco de la dictadura cívico militar imperante en nuestro país desde el 27 de junio de 1973, por decreto 1026/1973 se ilegalizaron distintos partidos y/o movimientos políticos de izquierda, lo que "motivó que se crearan o fortalecieran distintos organismos represivos, como el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (O.C.O.A.. ), agencias de poder punitivo estatales que desarrollaron -en algunas oportunidades en conjunto- un amplio trabajo de inteligencia y acumulación de datos con la finalidad de perseguir y detener a los ciudadanos opositores al régimen dictatorial, que -en principio- fueron trasladados a unidades militares y policiales y, desde el año 1975, a centros clandestinos de detención (C.C.D.. "En suma, la imputación efectuada [contra Rodríguez de Armas] refiere a haber actuado como médico, interviniendo en prácticas de tortura contra los detenidos, o proveyendo atención médica a éstos para que pudieran seguir siendo sometidos a tortura o se disimulara su aspecto antes de ser puestos a disposición de la Justicia Militar, 'blanqueando' así su citación que hasta ese momento era totalmente clandestina", sentencia, en referencia a los miembros del PVP que en 1976 fueron detenidos en Buenos Aires, torturados en Orletti, y luego trasladados clandestinamente a nuestro país.. "Luego de una investigación particular de varios años, entre 2008-2009, los denunciantes identificaron al médico que habían visto y que les prestó asistencia en S.I.D., bajo el indicativo de 'Oscar 5', como el Dr. Ramón María Rodríguez de Armas, de especialidad ginecólogo, a quien individualizaron de entre varios médicos militares por sus características fisonómicas y su voz, hasta que en el año 2012 presentaron una ampliación de la denuncia, adjuntando una imagen en blanco y negro del indiciado", expresa la sentencia, que agrega que el médico "fue identificado categóricamente por Ariel Soto, Alicia Cadenas, Sara Méndez y Sergio López Burgos y, posteriormente, a través de la prensa, por Ricardo Gil (expresidente de la JUTEP), como 'Oscar 5'", dice la sentencia.. En ese sentido, manifiesta que "en absolutamente todos los procesos de este tipo, se han implementado lo que se denominan 'argumentos de negación o técnicas de neutralización', usualmente empleadas para minimizar cualquier delito pero que, en este tipo de juicios, adquieren ribetes paradigmáticos", y "entre las técnicas empleadas" para ello están "la negación de la propia responsabilidad, la negación de la ilicitud, la negación de la víctima, la invocación de instancias superiores y la condena de los que condenan".

En este post abordaremos los derechos que asisten al cliente que es detenido por los agentes de la autoridad y trasladado a dependencias policiales o al

En este post abordaremos los derechos que asisten al cliente que es detenido por los agentes de la autoridad y trasladado a dependencias policiales o al Juzgado de guardia, a fin de prestar declaración y adoptar las medidas oportunas a la vista de los hechos presuntamente delictivos que se le imputan.. En todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, deberá ser puesto en libertado a disposición de la autoridad judicial.. Adquiere tal condición cuando el Juez competente admite a trámite una denuncia o querella y le cita a declarar sobre los hechos que se le imputan.. Aclarada esta necesaria distinción, debemos acudir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 520 enumera los derechos que asisten al detenido:. También, de los derechos que le asisten, especialmente de los siguientes:. c) Derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora injustificada.. e) Derecho a que se informe al familiar o persona que desee, sin demora injustificada, de su privación de libertad y el lugar de custodia en que se encuentre detenido.. f) En caso de que sea extranjero , tendrá derecho a comunicar la detención al cónsul de su país y el lugar de custodia, permitiéndole contactar con la autoridad consular.. También tendrá derecho a ser visitado por las autoridades consulares, y a comunicarse y mantener correspondencia con ellas.. h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete , cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.. Por otro lado, el detenido deberá ser informado del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial (72 horas) y del procedimiento mediante el cual puede impugnar la legalidad de su detención.

Concepto del delito de Abuso de autoridad El abuso de autoridad se presenta cuando un servidor público en uso de las funciones ...

El abuso de. autoridad se presenta cuando un servidor público en uso de las funciones que le. han sido encomendadas las efectúa más allá de lo que son sus facultades, en. perjuicio de particulares o de la propia administración pública.. Es. un delito de resultado material ya. que en la conducta en estudio se requiere de algún resultado en este caso la no. aplicación de una ley, decreto o reglamento, el cobro de impuestos o el. incumplimiento de una resolución judicial.. En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o. comisión públicos, o contrato de prestación de servicios profesionales o. mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas. de que no se prestará el servicio para el que se nombró al designado, o no se. cumplirá el contrato otorgado.. AL. QUE INCURRA EN ALGUNA DE LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES II, IV Y V. (ARTÍCULO 289): se le impondrán de seis meses a dos años de prisión, multa de. veinte a doscientos días de salario y destitución o suspensión para desempeñar. empleo, cargo o comisión públicos por un término igual al de la sanción de. prisión.. AL. QUE INCURRA EN ALGUNA DE LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN LAS DEMÁS FRACCIONES. (ARTÍCULO 289): se le impondrán de dos a seis años de prisión, multa de cien a. cuatrocientos días de salario y destitución o suspensión para desempeñar. empleo, cargo o comisión públicos por un término igual al de la sanción de. prisión.

Derecho de la victima. El sitio de la victima y sus derechos

Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (Zona liberada Neuquen) Escrito por hector luis manchini. Lunes, 06 de Diciembre de 2010 21:42 El artículo 248 del código Penal prescribe que” será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictará resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las ordenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.Que al respecto se ha dicho que “La sanción corresponde en razón que el funcionario público no puede perseguir su propia finalidad en el ejercicio de las funciones discrecionales, sino que debe orientar sus decisiones al fin publico de la comunidad, el cual siempre encuentra su norte en el bien común como causa y fin del estado.. La policía no intervino para impedir los incidentes, y el 19 de abril el entonces gobernador de la Provincia del Neuquén Jorge Omar Sobisch dijo en un discurso público que la orden la había dado él.Que en el discurso en cuestión el entonces Sr. Gobernador Jorge Omar Sobisch en la parte pertinente expresó: “… aquí está hablando un hombre político y un gobernador, que no es inocente, la responsabilidad de no actuar de la policía de la provincia tiene nombre y apellido, y un responsable, que nadie se confunda se llama Jorge Sobisch y es el gobernador de la provincia, que le ha dicho al jefe de la policía y a sus colaboradores que no actúen” (http://guillermoberto.wordpress.com).Así como el artículo 19 de la Constitución Nacional implícitamente dispone que los jueces deberán entender en todas aquellas acciones privadas que alteren el orden público más aun corresponde esta intervención cuando las actuaciones u omisiones sean de carácter público.. Aquí corresponde señalar que el delito que estoy desarrollando es de omisión y consiste en no hacer lo que la ley manda en razón de su cargo, traicionando la confianza depositada en él por el pueblo o alguno de los poderes públicos (CNacCrim y Cor Fed, Sala II, 11/2/1986-Zambianchi, Carlos A. y Otros-Ver sobre el particular Codigo Penal de la Nacion anotado de Horacio J. Romero Villanueva).Que continuando con el desenvolvimiento del supuesto en examen señalo que el articulo 214 inc. 16 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, dispone que corresponde al Poder Ejecutivo Provincial ejercer el poder de policía que consiste sustancialmente en mantener el orden público aun a costa de los intereses o pretensiones de las personas individuales y así en este supuesto el entonces Sr. Gobernador Jorge Omar Sobisch por serlo debió ejercer el poder de policía resolviendo que los efectivos policiales actuaran impidiendo el enfrentamiento de los supuestos obreros de la UOCRA y docentes y no decidir que las fuerzas del orden no actuaran ya que al proceder de esta manera contrarió las disposiciones constitucionales señaladas y normas concordantes encuadrando su conducta sin lugar a ninguna duda en el reproche penal previsto en el art.. 248 de la ley de la materia.Por lo expuesto el comportamiento de la Defensa y de la Fiscalía en el trámite instructorio de esta causa, particularmente el de la Dra.. Gloria Lucero cuando afirma “en consecuencia, la conducta del entonces gobernador de la provincia al pronunciar el controvertido discurso queda bajo la esfera de aquellos actos administrativos no judiciables y que solo importan responsabilidad política, por ende, no susceptibles de juzgamiento y menos aun en este fuero penal”, no puede admitirse de ninguna manera pues la acción del entonces Sr. Gobernador Jorge Omar Sobisch carece de absoluta naturaleza política es un acto común de una persona común que debe ser sancionado conforme las normas del Código Penal con especial rigor por provenir la omisión normativa del máximo referente del Poder Ejecutivo provincial y por ello aparece absolutamente adecuada la decisión del juez de instrucción, Alfredo Elosu Larumbe, que desestimó la posición de la defensa y de la fiscalía que solicitaron el sobreseimiento del entonces titular del Poder Ejecutivo provincial y consideró que estaba probada su responsabilidad de impartir la orden de liberar la zona el 30 de marzo del 2006, en Plaza Huincul, para que un grupo de personas identificadas con cascos amarillos atacaran una manifestación docente atribuyéndole al imputado el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art.. 248 del Código Penal) resolviendo en consecuencia el titular del Juzgado correccional nº 1 Alejandro Cabral, según lo anuncia el diario 8300-Web del 5 de diciembre del 2010, fijar la audiencia preliminar para evaluar las pruebas en esta compleja y trascendente causa para el día 4 de marzo de 2011 a las 8.30 hs.A criterio del suscripto aparece manifiesto que el entonces Sr. Gobernador Jorge Omar Sobisch incurrió en el delito previsto en el art.

De 24 políticos detenidos en el último año, cinco fueron imputados y vinculados a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad, declarado inconstitucional

Al menos cinco políticos fueron detenidos e imputados por el delito de ultrajes a la autoridad, entre el 13 de marzo y el 13 de noviembre del 2021 en el estado de Veracruz.. En todos los casos el juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar en tanto concluyen sus procesos penales.. El pasado 28 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, lo que abrió una ruta jurídica a las personas que fueron detenidas por estos cargos para salir de prisión.. No obstante, no todos los detenidos por ultrajes podrán salir tan fácilmente de la cárcel.. Y este es el caso de los cinco políticos veracruzanos detenidos por el polémico delito.. ¿La razón?. El también exsecretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, fue uno de los primeros vinculados a proceso bajo prisión preventiva por el delito de ultrajes a la autoridad.. Días después un juez federal le concedió un amparo y ordenó reponer la audiencia de vinculación a proceso celebrada el 20 de marzo.. Ramón Ortiz Cisneros, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), fue detenido el 23 de marzo de 2021 en Coatzacoalcos y vinculado a proceso por los delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad.. Aunque la resolución sobre ultrajes a la autoridad lo favorece para librar el proceso en su contra por dicho delito, no podrá dejar la prisión preventiva en tanto no se defina el juicio en su contra por los delitos contra la salud.. Aunque fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad, con prisión preventiva como medida cautelar, no fue el único delito por el que se le vinculó a proceso.. El político permanecerá dos años en prisión preventiva y será juzgado por delitos contra la salud, ultrajes a la autoridad y posesión de arma de fuego.. La resolución de la SCJN no lo favorecerá para librar la prisión preventiva, pero sí podrá eliminar uno de los tres delitos por los que se le juzga.. El diputado priista de Oaxaca, Gustavo Díaz, fue detenido el 4 de noviembre en Fortín, y vinculado a proceso por tres delitos del fuero común por los que un jue determinó conceder prisión preventiva como medida cautelar.. Uno de los delitos por los que fue detenido y que le impidió rendir protesta el 13 de noviembre en el congreso de Oaxaca, fue el de ultrajes a la autoridad en agravio de un servidor público.

SUMILLA:      FORMULACION   DE   DENUNCIA POR   LOS   DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD EN LAS MODALIDADES   DE     ABUSO   DE AUTORIDAD Y OMISI...

2.- Que con Fecha XXXX del presente añose recepciono por mesa de partes de la Municipalidad Provincial XXXXXXXXXXXXXX Documento dePedido de Vacanciacomo Regidor deestaComuna Municipal,en contra demi personapor la causal de Nepotismo el cual fue registrado con el Númerode Expediente XXXXXXXXXXXXX documento que fue presentado por elSeñor XXXXXXXXXXXXXXXXX, la misma que está dirigidaal Señor XXXXXXXXXXXXXXXXAlcalde de la Municipalidad.. 4.- Pero sucede que el Señor XXXXXXXXXXXAlcaldede la la Municipalidad Provincial ABUSANDODESUS ATRIBUCIONES DE MANERA ILEGALY CONTRAVINIENDO DE MANERA DOLOSA EL CÓDIGO PENAL, LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y LA LEYDEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL RETARDO LA DEBIDA NOTIFICACIÓNDEESTE DOCUMENTO ALA RECURRENTE POR EL LAPSO DE25 DÍAS CALENDARIOY EN SU DEFECTO18 DÍAS HÁBILES Y ES ASÍQUEELDÍA 02 DE AGOSTO2011,RECIÉN SE ME NOTIFICA CON EL MENCIONADO DOCUMENTOMEDIANTECARTA NOTARIAL Firmada por el Gerente Municipal. 5.- Teniendo en cuenta de que Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique ( ley 27444 LeyDel Procedimiento Administrativo General Art., 24 Inc. 24.1) siendo así pues que la conducta delAlcalde en la demora de un acto oficialde manera dolosa en el legitimo uso de su cargo configurándosede esta Forma el Delito de Abuso de Autoridad, contraviniendo asimismolaLey Orgánica de Municipalidades donde de manera expresa refiere : El concejo se pronuncia en sesión extraordinaria en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles después presentada la solicitud y luego de notificarse al afectado para que ejerza su derecho de defensa (Art.23 párrafo: 6 L. O. Municipalidades).. 6.-Por otro ladocon Fecha XX de Agosto del presente añose recepciono por la mesa de partes de la Municipalidad Provincial de XXX documento de pedido de Vacanciacomo regidora deestaComuna Municipal,en contra demi personapor la causal de Nepotismo el cual fue Registrado con el Númerode Expediente XXXXdocumentoque fue presentado por elSeñor XXXXXXXXXXX , mismo que está dirigidoal Señor XXXXXXXXXXXAlcaldeProvincial y al pleno de Consejo presentando dicho pedidoal amparodel artículo22 numeral 8 de la Ley Orgánica deMunicipalidadesLey 27972.. 8.- Con el acápiteanterior seconfiguranuevamente el Delito de Abuso de autoridad por partedel Señor XXXXXXXXXXXAlcaldeProvincial toda vez que este ABUSANDODESUS ATRIBUCIONES DE MANERA ILEGALY CONTRAVINIENDO DE MANERA DOLOSA EL CÓDIGO PENAL, LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y LA LEYDEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL CONVOCAA SESION EXTRAORDINARIADE CONSEJOA FIN DE TRATAR LA AGENDA “ SOLICITUDES DE DECLARACIÓNDEVACANCIA “ EN CONTRA DE MI PERSONA DANDOME SOLAMENTE05 DÍAS HÁBILES, CON LA FINALIDAD DE NO PODER EJERCER MI DERECHO DEDEFENSA.. XXXXX A/MPMNque me hace llegar el Alcalde XXXXXXXXXXX , demanera incoherentese anexasolicitud del señor XXXXXXX dirigida a la Municipalidad Provincialde XXX donde rectificafechas que puso en la primera solicitudasí como solicita información referentea la primera solicitud,así mismo se anexaotro documento, solicitud de fechaXX del presente,pidiendo se aclarey se notifiquea mi personaindicandoque existía un errorde digitaciónen su solicitud de vacanciade fecha XXXXX, donde se habría digitado XXX Y DEBERÍADE INDICAR XXXXXX XXX,ERROR QUE NO ES COMETIDOEN ESTA SOLICITUD DE VACANCIA SINO MAS BIENEN LA SOLICITUD DE VACANCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO XXXXXXXXXXX ,INDICANDO ADEMÁS QUETENIA PLENO CONOCIMIENTO DE QUEEN ESTA FECHAXXXXXXXXXXXX NO SE ME HABRÍA SIDO NOTIFICADASU SOLICITUD DE VACANCIAPRESENTADA EL XXXXX, AMI PERSONA.. 11.- Cabe señalar que en ambas solicitudes existen viciosde Forma y de Fondo, los cuales debieron sersubsanados en su oportunidad por los interesados por lo quese debió correr traslado en el plazo correspondiente nuevamente a estos,previa revisión del órgano encargado de la Comuna Municipal lo cual no se dio con lo que se denota que existe desesperación aparentemente de parte de los denunciantes y del alcaldeXXXXXXXXXXX así como de las personas que tienen un interéspersonal ATENTANDO UNA VEZ MÁS CON EL DEBIDO PROCESO, las cuales debieron ser saneadas a fin de evitarmás irregularidades en el presente caso.

Un delito contra la autoridad pública es cualquier acto con resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios, o los acometieren cuando se...

“ Son. reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o. violencia, opusieren resistencia grave a. la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos ,. o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones. de sus cargos o con ocasión de ellas.. Lo primero que es preciso hacer es conocer la diferencia entre el delito contra la autoridad y el delito de resistencia a la autoridad .. Mientras, el delito de resistencia a agentes de la autoridad (recogido en el artículo 556 del Código Penal , establece que se castigarán con tres meses y hasta un año de cárcel, o multa desde los seis a los dieciocho meses, aquellos supuestos en los que se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o a los profesionales de la seguridad privada que cooperen con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.. Así, desde la reforma de 2015, los funcionarios sanitarios tienen la consideración de autoridad si se encuentran en el ejercicio de sus funciones.. Y no como un delito contra la autoridad.. Por este acto, se le condenó a cuatro meses de prisión por un delito contra a la autoridad .. Al igual que sucede con los funcionarios del ámbito sanitario, también se ha incluido como delito contra la autoridad, desde la reforma de 2015, las agresiones a los funcionarios docentes .. En este caso, y de la misma forma que ocurre con los casos de delito contra la autoridad si se trata de funcionarios sanitarios, estas situaciones no solo se deben combatir por la vía penal.

El primer capítulo de la Constitución Nacional de 1994 contiene declaraciones, derechos y garantías, y el capítulo segundo, nuevos derechos y garantías (incorporados en la última reforma). Las garantías constitucionales son las fórmulas previstas en la Constitución para que el ciudadano pueda apelar a los tribunales en defensa de los derechos que en ella se le reconocen, en caso de abuso de autoridad por parte de las instituciones públicas.

Las garantías constitucionales son las fórmulas previstas en la Constitución para que el ciudadano pueda apelar a los tribunales en defensa de los derechos que en ella se le reconocen, en caso de abuso de autoridad por parte de las instituciones públicas.. La mayoría de las constituciones de las sociedades contemporáneas autorizan al estado a recurrir al uso de la fuerza física para hacer cumplir las leyes, pero también reconocen el derecho de los ciudadanos a resistir contra el poder del estado si éste no cumple las leyes.. -Todos los ciudadanos de un estado democrático gozamos de la garantía constitucional para el ejercicio eficaz de nuestro derecho de defensa.. -Si somos detenidos por agentes de la policía o de otro organismo de seguridad, debemos asegurarnos de que estén debidamente identificados o, en caso contrario, deben proceder a nuestro pedido de identificarse en forma clara y correcta.. Si otra persona es detenida en nuestra presencia y observamos que el hecho no se ajusta a las garantías de un estado democrático señaladas al principio, debemos recabar todos los datos posibles de la fuerza de seguridad interviniente y del detenido, para luego poder realizar la denuncia que corresponda.. Todos podemos interponer en forma inmediata un Habeas Corpus ante el juzgado penal de turno, en forma oral o escrita en defensa de un tercero (pariente, amigo o vecino) afín de que el juez determine la situación del detenido y ordene su libertad cuando la detención fuera ilegal o arbitraria.. La Generacion del 37 o 1937 Alberdi, Sarmiento, Mitre, Mármol, Cané La denominación Generación del ‘37’ identifica a un movimiento intelectual de jóvenes universitarios que, en 1837, fundó en Buenos Aires […] Focos Revolucionarios en America Colonial Revoluciones Independencia FOCOS DE REACCIÓN REALISTA: Al constituirse, el 25 de Mayo de 1810, la Primera Junta Gubernativa, apuró la urgente organización del […] Unitarios y Federales:Características de sus Proyectos de Pais Entre 1820 y 1852, diversos grupos sociales con proyectos políticos diferentes se enfrentaron en los intentos por constituir un Estado en […]

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Author: Greg O'Connell

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