prevención, consecuencias y efectos – Administración Pública CIDE (2022)

Juan Sánchez Vela, José Maradiaga, Guadalupe Álvarez Rascón y José Gómez

En 2017, se resolvió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de laNación (SCJN) por la que se ordenaba que el Instituto Mexicano del SeguroSocial (IMSS) debía pagar cerca de 21 millones de pesos de indemnización por elcontagio de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a un menor en el CentroMédico Nacional La Raza. El contagio ocurrió en el año 2008 cuando el menor seencontraba internado por un trasplante y requirió de una transfusión sanguínea.Al parecer la sangre transfundida al menor no fue descartada según lo indicadoen la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

De acuerdo con la información de los hechos en la sentencia del 10 demayo del 2017, sobre la demanda de amparo directo 18-2015 resuelta por laSegunda Sala de la SCJN, el 10 de abril de 2008 el Banco Central de Sangre, alrealizar pruebas reactivas a la sangre de la donante A indicó que losresultados reactivos a VIH fueron negativos, por lo que se autorizó el uso dela sangre con la que se contagió a los menores M1 y M2. Fue hasta una segundadonación de la misma donante A, 14 días después, que los resultados reactivos aVIH resultaron positivos.

Desde la primera visita del 10 de abril la donante A respondiónegativamente a 4 de los 72 factores analizados en el cuestionario deautoexclusión para la donación de sangre. En estos factores se manifestaba quela donante A tenía perforaciones, había tenido algún tratamiento dental en elúltimo año, había utilizado medicamentos en el último mes y que no se habíarealizado estudios de laboratorio para SIDA. Sin embargo, el 11 de abril, undía después de que la donante A llenó el cuestionario y de la primera pruebareactiva negativa, el menor, mientras estaba en la Unidad Pediátrica para untrasplante hematopoyético, sufrió de complicaciones que lo llevaron a necesitarde una transfusión y ante la falta de sangre en el Banco se determinó el uso dela sangre de la donante A para la transfusión.

En el 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió larecomendación 42/2009 que fue aceptada por el IMSS y por la que se le sentencióa cubrir la reparación del daño por el contagio de VIH a los menores M1 y M2con una cantidad de 1.3 millones de pesos a cada uno, así como el apoyopsicológico y médico de por vida, que les permitieran, en la medida de loposible, el restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas en quese encontraban antes de la violación a los Derechos Humanos. Para uno de losmenores esta cantidad aumentó a 3.7 millones en el 2014 después de la demandade amparo presentada uno de los quejosos y la sentencia dictada por el TribunalFederal de Justicia Administrativa (TFJA).

El fallo de la SCJN se da como resolución al juicio de amparo directo 18/2015 presentado en contra de la Novena Sala Regional Metropolitana del TFJA. Como resultado de la sentencia, se obliga al IMSS a pagar 11.6 millones por daño moral y 9.3 millones por daño personal, y se obliga al TFJA a dictar una nueva sentencia que contemple la obligación de brindar atención médica gratuita de por vida a uno de los afectados, así como atención psicológica para él y su familia (Animal Político, 2017).

Del análisis de este fallo de la SCJN queremos presentar tres distintosenfoques de posibles implicaciones en política pública:

  • Laestandarización de la donación de sangre en México;
  • El accesoa la justicia y la defensa de los pacientes y usuarios de servicios públicos desalud; y
  • Laafectación a las finanzas del IMSS y su repercusión en los servicios a otrosderechohabientes.
prevención, consecuencias y efectos – Administración Pública CIDE (1)

Política Pública de Donación de Sangre

La sentencia revisada resalta la importancia de la reparación del dañoen el caso de los perjuicios provocados por parte de algún funcionario público,pero también se extiende sobre la importancia del mejoramiento de losprocedimientos para evitar volver a cometer los mismos errores. Esto últimobien puede ser materia de política pública, pues, al revisar con mayordetenimiento la situación de los empleados sanitarios que indebidamenteutilizaron la sangre potencialmente contaminada, es probable que encontremosfallas operativas que van más allá de la simple negligencia.

En el caso que nos muestra la sentencia, los demandantes pudieroncomprobar el contagio debido a que el personal de salud incumplió las normasestablecidas, pero el riesgo de contagio existe aún en situaciones donde losprocedimientos son seguidos al pie de la letra. En el ámbito médico existe loque se conoce como un “periodo de ventana”, en el cual una infección recientede la sangre no puede ser detectada por medio de ninguna prueba. Sumado a esto,la propia naturaleza de la sangre solo permite un periodo muy corto dealmacenaje antes de ser utilizada, y puesto que actualmente la única manera deobtener sangre para transfusión es por vía de donación voluntaria, el procesode donación se debe ser permanente y el riesgo de contagio puede ser minimizado,pero no eliminado por completo.

Así, dada la importancia de la sangre en múltiples tratamientos médicos,la obtención de sangre segura para la transfusión es un problema público quedemanda la acción del Estado. En nuestro país la institución encargada de laregulación sobre el manejo de la sangre es el Centro Nacional de TransfusiónSanguínea (CNTS), un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría deSalud y que inició sus actividades en 1982.Las atribuciones del CNTS se encuentran asentadas en el artículo 42 delreglamento interior de la Secretaría de Salud, e incluyen la formulación depolíticas, normas oficiales, estrategias y campañas de promoción sobre ladonación y transfusión sanguíneas. Sin embargo, cualquiera que haya ido a donarsangre un par de veces en diferentes instituciones médicas podrá comprobar que,en la práctica, no se aplica un procedimiento estándar para la selección dedonadores y para la exclusión de la sangre potencialmente peligrosa. De modoque en materia de donación y transfusión de sangre se presentan áreas de acciónque deben ser revisadas, con miras a proponer e implementar políticas quemejoren la seguridad de la sangre para transfusión y garanticen la suficienciade disponibilidad del líquido vital, recordando que nadie está exento denecesitar una transfusión sanguínea en algún momento de su vida.

Acceso a la Justicia y Defensoríade Pacientes y Usuarios de Servicios Públicos de Salud

El caso también expone el acceso diferenciado a la justicia de dos menores que sufrieron el mismo agravio, los padres de uno impugnaron ante la SCJN, con lo cual su hijo recibió una mayor indemnización que el otro menor. Este caso nos muestra un problema público en México sobre las barreras de la desigualdad para acceder a la justicia. Existen instancias del Estado para resolver los conflictos por la vía de la conciliación, por ejemplo, mediante una recomendación de la CNDH; sin embargo, la última instancia siempre puede ser la judicial, a través del amparo.Entonces, el enfoque que se hace relevante en este caso es ¿qué condiciones se requieren para que un individuo, primero, conozcan que existen estos medios de defensa y cuenten con los recursos económicos, de tiempo, e incluso de contactos para interponer un amparo? Existen estudios de investigación, recomendaciones y otros documentos que demuestran que una parte importante de la población no puede acceder a estos mecanismos de justicia por las condiciones socioeconómicas, de discriminación, desconocimiento, entre otras (Fix-Fierro y López-Ayllón, 2001; CIDH,2007). El Estado ha buscado mecanismos mediante la creación de organismos o procedimientos de defensa ante posibles abusos de instancias públicas y privadas: PROFECO, PROFEDET, PRODECON, CONDUSEF, etc.

En el tema de la salud pública, y con mayor relevancia ahora que se quiere implementar una política de sistema universal de salud, la Organización Mundial de la Salud, mediante la Resolución WHA55, exhorta a los países miembros a “favor de que la seguridad del paciente se convierta en una prioridad de salud pública” (OMS, 2004). Esto, mediante la participación de los pacientes y sus familiares, usuarios y ciudadanos; una atención más segura y humana; y la creación de una infraestructura internacional en defensa de la seguridad de los pacientes, la cual podría traducirse en una infraestructura nacional, más allá de únicamente la conciliación entre pacientes y médicos que ya realiza la CONAMED, con un enfoque en una defensoría integral pública de los usuarios de los servicios de salud y seguridad social.

Finanzas del IMSS y Afectación deDerechos

Otra implicación que generan las reparaciones integrales de daños tratan sobre el impacto que causan en la administración pública, particularmente en contextos como el mexicano, donde existe poca experiencia en cuanto a reparaciones por daño moral y personal y el cálculo de los respectivos montos de indemnización (Fernández, 2016). Esta falta de certeza permite que los quejosos demanden por cantidades demasiado altas o que incluso los expertos encargados del peritaje caigan en prácticas corruptas en beneficio de alguna de las partes. Estas prácticas pueden terminar afectando el funcionamiento de las oficinas públicas, que si bien son responsables del daño, también lo son de atender a otros usuarios.

En ocasiones la determinación del monto quedebe pagar una administración es inconsistente e injustificado, ya que losquejosos suelen demandar por montos demasiado altos sin haber hecho peritajespara calcular la magnitud del daño moral o personal. Esto podría ser causa yconsecuencia de carecer de una cultura de la reparación de daño personal ymoral. La falta de demandas y sentencias sobre este tipo de reparaciones haimpedido la consolidación de mecanismos objetivos para el cálculo de los montosque se deben pagar por determinadas categorías de daño. La generación de estosmecanismos permitiría que autoridades y usuarios sean conscientes de los costosque implican cada tipo de daño y evitaría la demanda por montos demasiado altosque afectan los presupuestos de las dependencias responsables del daño.

Por otro lado, si bien en el artículo 109 de laCPEUM queda plasmado el principio de reparación integral, por el cual se buscareducir los límites que pudiesen limitar la reparación integral, las finanzasde la oficina pública responsable del daño deben ser consideradas para cumplirtanto con la reparación al afectado como con la mejora en la eficiencia de suspropias funciones. Tal es el objetivo de la Ley de Responsabilidad Patrimonialdel Estado, que, si bien busca delimitar el cálculo de las reparaciones pordaño moral y personal respecto al salario de los trabajadores, fue consideradasub inclusiva por dejar fuera aquellos que no tienen un salario. Una condena dereparación por daño personal o moral demasiado alta puede llegar a afectarseveramente el presupuesto y la operación de las entidades públicasresponsables del pago.

Conclusión

La sentencia de la SCJN hace observable la necesidad de que loshacedores de políticas públicas entiendan el ambiente en el que sus diseñosserán implementados, y sean capaces de calibrar adecuadamente los riesgos decada uno de los actos que la administración pública hace. Es necesario queagencias como el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea ajuste sus políticas,y tome medidas precautorias para que las violaciones a Derechos Humanos comolas expuestas en la sentencia no vuelvan a ocurrir, para poder cumplircabalmente su rol sumamente relevante dentro del sistema de salubridad. Lo quetambién se nota es que, si bien hay mecanismos que buscan ejercer coerciónsobre los distintos apéndices de la administración pública para que no cometanesta clase de errores, estos siguen sucediendo. Además, la coerción esproblemática cuando significa que los servicios de salud que otras personasreciben se verán afectados negativamente si el IMSS no obtiene fondosmonetarios adicionales para solventar sus gastos operativos. Y, finalmente, seexpone cómo el acceso a justicia es desigual para quienes se ven afectados porel comportamiento de la administración pública, incluso cuando la CNDHdetermina la violación de Derechos Humanos. Son todos problemas emanados deriesgos que, si bien no pueden ser eliminados, sí pueden ser minimizados, tareaque requiere de que las agencias como el IMSS apliquen una evaluación continuaa sus procesos más delicados, por los que pueden afectar negativamente demanera más grave la vida de las personas a las que están creadas para servir.

Referencias

La Corte ordena indemnizar con 21 MDP a unmenor que fue contagiado con VIH en el IMSS (2017/05/10). Animal Político. Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2017/05/corte-menor-contagiado-imss/

Fernández, A. (2016). Laproblemática de la reparación del daño por responsabilidad civil en México.En Ángel Gilberto Adame López (coord.), Homenaje al doctor Jorge AlfredoDomínguez Martínez, México.

Fix-Fierro,López-Ayllón (2001). El acceso a lajusticia en México. Una reflexión multidisciplinaria en Justicia. Memoriadel IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Tomo 1 (Valadés, D. yGutierrez, R., Coord.) IIJ-UNAM.

El acceso a la justicia como garantía de losderechos económicos, sociales y culturales (2007). Organización de Estados Americanos – Comisión Interamericana deDerechos Humanos. Consultado en: http://www.cidh.org/countryrep/AccesoDESC07sp/Accesodescindice.sp.htm

Estudio de los estándares fijados por elsistema interamericano de derechos humanos (sin fecha). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consultadoen: https://www.cidh.oas.org/countryrep/AccesoDESC07sp/Accesodesci-ii.sp.htm

Pacientes en Defensa de su Seguridad (2004). Organización Mundial de la Salud.Consultado en: https://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/statement/es/

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Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 11/13/2022

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